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Jesús Alfonso Flórez López[1]
Reflexionar sobre la actual pandemia tiene el riesgo de caer en los lugares comunes, pues se han dicho muchas cosas sobre sus causas, impactos, responsabilidades, tratamientos y procedimientos. Tal vez sea una de las notas características de este fenómeno es haber provocado que mucha gente hable al mismo tiempo sobre un tema.
Los medios masivos de información en Colombia han focalizado su actuación en registrar y divulgar las cifras de contagios, muertes, comportamiento de la ciudadanía durante el confinamiento y en las decisiones que va tomando los gobiernos nacional y locales. Entre tanto, la pandemia ha tenido implicaciones en el desarrollo del conflicto armado y en la consolidación de una dictadura democrática, temas centrales que se abordaran en este escrito.
La Pandemia para la guerra
La mayoría de especialistas epidemiólogos han indicado que para contener los contagios masivos se debe reducir el contacto entre los seres humanos. El gobierno colombiano, presionado por autoridades locales, respondió con la declaración del aislamiento obligatorio desde el 23 de marzo pasado.
En los territorios, especialmente en los lugares periféricos y excluidos inveteradamente del acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, este encerramiento se ha asumido como la propia pandemia y no como su solución. En tanto que emerge el dilema de prevenir la posible muerte por el Covid 19 o morir de la hambruna, pues el sustento de la mayoría de la población depende del trabajo informal del día a día, al no tener un empleo fijo. En las zonas rurales como en el bosque húmedo tropical de la región del Pacífico colombiano, la problemática se agrava porque las fuentes de empleo son mínimas y el acceso a bienes de manufactura depende de la producción del centro del país.
En el Pacífico un componente adicional es el confinamiento impuesto por efectos del conflicto armado, que se degrada y profundiza tras la firma del Acuerdo de Paz con la otrora guerrilla de las FARC-EP. El Estado no ha asumido la responsabilidad de copar tales territorios con su capacidad social, económica y militar, lo que ha dejando el camino abierto para que haya un repoblamiento armado de parte de la guerrilla que aún existe, el ELN, y otros grupos armados de orientación paramilitar. Así las cosas, el aislamiento en dichas áreas de confrontación armada se torna en una condición que favorece la presión armada sobre la población civil que queda en la indefensión, pues la fuerza pública, en no pocas ocasiones, permite la connivencia con los paramilitares.
Lo anterior indica que en los territorios donde es aguda la acción bélica, el confinamiento ha sido impuesto desde antes del aislamiento decretado por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia. De allí que la supervivencia de las comunidades se encuentra en mayor vulnerabilidad por la amalgama de dos pandemias: la guerra y el covid 19.
Ante la crisis mundial por la pandemia, el Secretario General de las Naciones Unidas pidió un alto al fuego mundial en los lugares en los que existen conflictos armados:
“Nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común: el COVID-19. Este virus no entiende de nacionalidad ni de etnia, facción o fe. Ataca a todos, sin tregua. Mientras tanto, los conflictos armados continúan en todo el mundo. Los más vulnerables — las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginadas y desplazadas — pagan el precio más elevado….
Por eso, hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de “poner en encierro” los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas.A las partes beligerantes les digo: Cesen las hostilidades…”[2]
Por su parte el Papa Francisco, jefe del Estado Vaticano, se unió el 29 de marzo a este llamado e indicó:
«Me uno a todos los que han aceptado este llamamiento e invito a todos a seguirlo deteniendo cualquier forma de hostilidad bélica, favoreciendo la creación de corredores para la ayuda humanitaria, abriéndose a la diplomacia y la atención a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad»[3]
A su turno, el representante de ONU para la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia afirmó el 28 de marzo:
“Es hora de profundizar el diálogo y la reconciliación a todos los niveles y de dar una mano a las comunidades más vulnerables, que han sido las principales víctimas del conflicto y que también lo podrían ser de esta pandemia si no actuamos con un mismo sentido colectivo, como una misma humanidad”[4]
Ante este llamado por un alto a las hostilidades en el mundo para afrontar con mayor fuerza al Covid 19, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional-ELN decretó, según sus palabras, un cese al fuego unilateral, del 1 al 30 de abril de 2020, de carácter defensivo, es decir, que no producirían ningún ataque pero que estarían atentos a la reacción bélica si les llegaran a atacar.
En los territorios donde actúa esta guerrilla, en el Pacífico, Suroccidente y Nororiente de Colombia, se recibió la noticia con escepticismo, pues a pesar de ser considerado el gesto como un hecho positivo, era previsible que si no estaba correspondido por las Fuerzas Militares del Estado y los grupos paramilitares, era muy incierta su efectividad, como luego se constató. Aunque no hubo un órgano formal de verificación, dos instituciones de investigación hicieron el ejercicio de monitorear la tregua. El CERAC fue una de ellas, y valoró que el ELN cumplió la tregua:
“Durante los 30 días del cese unilateral, CERAC no registró acciones ofensivas atribuidas al ELN que violaran los compromisos del cese el fuego…. El riesgo humanitario se mantuvo alto durante el cese debido a las disputas violentas que sostiene el ELN con otros grupos armados.[5]
Para la otra institución, INDEPAZ, se registraron acciones bélicas violatorias de la tregua:
“Durante los 30 días de la tregua (01 al 30 de abril) se registraron 14 hechos violatorios de la tregua. En los casos de combate, no se verifica si es defensivo u ofensivo. Estos combates generaron desplazamiento por encontrarse los grupos armados en medio de la población civil; hecho que configura una clara violación al DIH.
Las restricciones de movilidad por Covid-19 previa amenaza genera confinamiento ilegal y en algunos casos como en el Cauca, Nariño y Arauca se presentó con posterior ataque a civiles y amenazas a comunidades.[6]
Durante los 30 días de esta declaratoria del referido cese unilateral al fuego, el Gobierno colombiano no correspondió de igual manera, por el contrario, arreció la guerra y además, debilitó el cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con la otrora guerrilla de las FARC-EP, con lo que ha dejado en mayor desprotección a las comunidades periféricas.
Con el confinamiento decretado se han elevado los asesinatos contra los líderes sociales. Los datos son contundentes: desde 1 de enero hasta el 19 de mayo fueron asesinados 104 líderes sociales y 25 excombatientes de FARC firmantes del Acuerdo de Paz.[7]
La Ministra del Interior el 11 de mayo pasado se escudó en la pandemia para evadir responsabilidades, aduciendo como causas el asilamiento o cuarentena, pues justamente se supone que en esas condiciones la Fuerza Pública podría hacer más control de protección en el país, en particular en la región del Pacífico y Suroocidente. Aquí sus palabras:
“Sabemos que es un desafío, lo seguiremos enfrentado con compromiso y alternativas de solución porque los asesinos salen en cuarentena sin permiso para hacer sus fechorías. Como Gobierno, rechazamos cualquier asesinato en Colombia y por eso estamos trabajando en el tema… pero debemos mejorar porque durante la pandemia los homicidios en el Cauca han aumentado…[8]
Recientemente Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, quien ha sido miembro de los denominados “notables internacionales” para acompañar el proceso de Paz en Colombia, en el contexto de la reunión de este grupo de observadores externos coordinada desde Sau Paulo, afirmó: «Si no hemos podido influir en quienes dirigen Colombia para cerrar una página histórica de un conflicto interminable, si Colombia por segunda vez en su historia no cumple con lo acordado, las consecuencias hacia el futuro son francamente imprevisibles»[9]
Las palabras de Mujica encierran la gran preocupación que convoca a las comunidades locales de campesinos, indígenas, afrocolombianos en los territorios rurales y en sectores urbanos que tienen estrecha relación con el campo, como acontece en la región del Pacífico. Como se describió, profundizado en tiempos de pandemia del Covid 19 por sus efectos en la gobernabilidad.
El actual Gobierno mantiene la posición de negar las salidas dialogadas o negociadas al conflicto armado, parte del hecho de desconocer su existencia y replica la teoría y principio de actuación del expresidente Álvaro Uribe. En plena pandemia la actitud belicista se ve reflejada en el apoyo a Estados Unidos en las diversas hostilidades contra Venezuela, y el respaldo, el 13 de mayo, al Gobierno de Trump de la declaratoria de Cuba como “país que apoya al terrorismo”, por el hecho de tener albergado en su territorio a la delegación del ELN para los diálogos de Paz.
Es preciso traer a colación que el Gobierno anterior habilitó una Mesa de Diálogos de Paz con este grupo insurgente, y en este contexto le solicitó a Cuba acogerlos. La negociación se rompió durante el madanto de Iván Duque, que en cumplimiento de las obligaciones internacionales debía activar unos protocolos firmados entre las partes, y los países garantes, y traer de regreso al territorio nacional a dicha delegación. No obstante, el Gobierno de Colombia no ha cumplido y pretende que Cuba los devuelva en condición de prisioneros, consumando así una perfidia.
Todo esto genera mayor tensión en los territorios, caso concreto en la región del Pacífico, que además de padecer con agudeza la confrontación armada, es la región de mayor abandono social y vulnerabilidad frente al Covid 19, similar a la Amazonia, porque los servicios de atención sanitaria están en permanente crisis y sin capacidad efectiva de atención media y mucho menos de cuidados intensivos.
La crisis del sistema de salud es una consecuencia de su privatización, impuesta desde 1993. Se agrava con la corrupción en diferentes regiones, como es el caso del departamento de Chocó, dado que los dineros destinados para la sanidad fueron durante varios años controlados por los paramilitares, , particularmente entre 2002 y 2010, lo que ha generado un desfalco de la salud.
La dictadura de la pandemia
Otro de los efectos de la pandemia del Covid 19 es el fortalecimiento del modelo de gobierno presidencialista, que ha acudido de inmediato a decretar “estados de excepción” con el pretexto de afrontar de manera ágil la pandemia, lo cual si bien es necesario para adelantar procedimientos de atención, se ha aprovechado para limitar el control político por parte del poder legislativo.
Una actitud dictatorial para no asumir la responsabilidad ante las lamentables consecuencias de la ya nombrada privatización del sector de la salud, que ahora el Estado debe intervenir con recursos públicos para cubrir el déficit en infraestructura en materia de hospitales, dotación propia para el Covid 19, contratación digna de profesionales de la salud, entre otros.
Mientras el país se ve abocado a una crisis económica por efectos de la pandemia el presidente Duque, discrecionalmente decidió hacer un contrato por 3.350 millones de pesos colombianos, equivalente aproximado a casi un millón de dólares, para mejorar su imagen personal en redes sociales. El hecho ha generado indignación por el despilfarro, más aún cuando este dinero provenía del “Fondopaz”. Es decir, consuma su decisión de debilitar la implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y Duradera”, en abierto acto de peculado cometido por el primer mandatario, dado que ese fondo es para apoyar la reincorporación de exguerrilleros de las FARC y acciones de construcción de paz.
Mientras para la sociedad la pandemia le ha significado sufrir las consecuencias directas en el campo de la salud física y emocional, como en la economía y la educación, para el presidente Duque esta situación de encerramiento, confinamiento o cuarentena obligatoria le ha venido como una tabla de salvación. No se puede olvidar que desde finales del año 2019 venía creciendo la expresión del descontento popular, manifestado en el paro de noviembre pasado y las movilizaciones sociales que se aprestaban a realizarse desde marzo de este año.
Con el aislamiento y el pánico generalizado al respecto, no sin fundamentos epidemiológicos, la protesta en la calle quedó congelada y la imagen del presidente empieza a recuperarse mostrándose todos los días antes las pantallas de televisión pregonando decretos de supuesto alivio económico, pero desmentidos por las ingentes denuncias de pequeños y medianos empresarios y campesinos por no ser aceptados por los bancos para recibir tales créditos o eventuales subsidios.
Las pantallas coadyuvan a recuperar la imagen presidencial resaltando la gestión para conseguir supuestas generosas ayudas del sector privado. Se esconde que tales aportes son mínimos ante el deber de justicia social que les corresponde, al haber aumentado exponencialmente sus ganancias en los últimos cuatro años, tanto las empresas ligadas a la productividad y servicios, como la banca. Así lo hizo ver en una valiente columna de opinión el obispo de Quibdó, desde el territorio del Pacífico:
“No es un asunto de limosnas. La pregunta es para las mil empresas más grandes del país: de esos $200 billones que ganaron en los últimos cuatro años, ¿Cuánto van a aportar para apoyar a la patria que los enriqueció? La misma pregunta va para el sector financiero: de los más de $70 billones que ganaron en los últimos cuatro años, ¿Cuánto van a devolver a sus benefactores?”[10]
El presidencialismo quedó en entredicho cuando diferentes alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras empezaron a tomar medidas de protección territorial ante la eventual expansión de los contagios. El Gobierno de Duque salió pronto a recordar que él era quien mandaba, lo que lo obligó a establecer diálogos y acuerdos con los mandatarios regionales y locales.
Otro acto oportunista de imposición del Gobierno en esta pandemia ha sido aplicar el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada que tienen los pueblos indígenas y afrocolombianos mediante actos via intenet, con la plena conciencia que la mayoría de los territorios donde habitan tales grupos étnicos son carentes de energía y conectividad. Se está aprovechando la condición de excepcionalidad para adelantar supuestas consultas sobre temas territoriales que no permiten una clara y auténtica participación comunitaria, por tanto deja de ser “libre e informada”.
Un ejemplo de esta situación es el imponer la fumigación aérea con glifosato en territorios de la cuenca del río San Juan, en Chocó, sin haber cumplido el requisito de la consulta previa, con lo cual se consuma la hambruna en estos lugares, particularmente en el municipio de Nóvita, pues además de la escasez del acceso a alimentos producida por la pandemia, ahora el Gobierno con dicha fumigación arrasa con los cultivos de alimentación básica con el argumento de erradicar los cultivos de uso ilícito. Configura así otro incumplimiento al punto cuarto del Acuerdo de Paz que establece hacer acuerdos con las comunidades para desarrollar un Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito-PNIS.
[1] Teólogo y Doctor en Antropología de la Universidad de Paris VIII. Defensor de Derechos Humanos. Actualmente Decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali-Colombia.
[2] https://www.pactoglobal-colombia.org/news/en-pandemia-por-coronavirus-secretario-general-de-la-onu-pide-que-cese-el-fuego-mundial.html
[3] https://www.noticel.com/mundo/20200329/el-papa-tambien-pide-cese-al-fuego-mundial-para-afrontar-el-coronavirus/
[4] https://news.un.org/es/story/2020/03/1471952
[5] https://www.blog.cerac.org.co/
[6] http://www.indepaz.org.co/acciones-armadas-del-eln-durante-la-tregua-unilateral/
[7] http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/
[8] https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/ministra-del-interior-alicia-arango-habla-sobre-asesinatos-en-el-cauca/670536
[9] Publicado en el diario El Espectador el 15 de mayo de 2020: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/pepe-mujica-el-fallido-proceso-de-paz-en-colombia-es-un-fracaso-de-la-humanidad-articulo-919669
[10] https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/no-es-un-asunto-de-limosnas-columna-910983