Texto publicado en el libro «El Desplazamiento en Colombia Regiones, ciudades y políticas públicas»
ISBN 958-8134-28-5
Jesús Alfonso Flórez López[1]
La región del Medio Atrato se localiza en los departamentos del Chocó con los municipios de Río Quito, Quibdó, Medio Atrato y Bojayá, y en Antioquia con los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó, al noroccidente de Colombia, lugares donde la población se caracteriza por la diversidad étnica entre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
En fenómeno del desplazamiento forzado en esta región empezó a presentarse a partir del año 1997, fecha en la que se consumó la toma paramilitar desde el golfo de Urabá hacia el sur. Pero ya antes, desde 1992, ese proyecto paramilitar había incursionado en dirección inversa por el municipio de El Carmen de Atrato dejando sus respectivas secuelas de muerte y abandono de tierras.
A continuación se presenta una aproximación analítica sobre este devenir violento para ubicar allí el hecho del desplazamiento, de tal manera que no se olvide el dolor reflejado en los rostros que se ocultan detrás de las cifras de los diversos bancos de datos que procuran registrar con mayor o menor rigor la existencia de dicho fenómeno.
Conflicto en la cuenca del río Atrato
Los lamentables hechos ocurridos en Bellavista- Bojayá, donde murieron 119 personas de la población civil, por efecto de un cilindro explosivo lanzado por la guerrilla de las Farc-EP, en plena confrontación militar con los paramilitares de las AUC quienes se habían apostado en los alrededores del templo parroquial y de la casa de las misioneras agustinas, tomando a la población como escudo humano, ha hecho que el país y el mundo hayan puesto los ojos en la región del Chocó.
Hechos como estos son los que atraen las miradas hacia este departamento, en otras palabras este acto de degradación de la guerra hace visible la muerte continua y estructural que padece este región durante siglos, debido a la marginación a la que ha sido sometida de parte de las élites en el poder, tanto en las instancias centrales como en las locales.
Desde hace 25 años, las organizaciones sociales y sectores de Iglesia están haciendo una continua denuncia de las condiciones indignas en que viven los habitantes de este rico departamento. Como bien dice, es la gente más pobre del país viviendo en medio de una gran riqueza natural.
La muerte de los niños y niñas por los altos índices de malnutrición, o la muerte de quienes todavía son víctimas del paludismo o de la tuberculosis, la muerte de las mujeres embarazadas por no tener acceso a los controles médico normales, la muerte de la cultura al no ser promovida o al ser atacada por los sistemas educativos inadecuados e insuficientes, esta muerte es la compañera permanente de los pobladores nativos, los pueblos indígenas y el pueblo afrochocoano[2].
Con la agudización del conflicto armado, desde diciembre de 1996, esta muerte también se vistió de fusiles, palos y motosierras, para desmembrar y asesinar a un sinnúmero de personas en toda la cenca del Atrato, desde el Carmen de Atrato en su parte más alta, hasta su desembocadura en el golfo de Urabá, acciones en su gran mayoría atribuidas a los paramilitares de las AUC, que han obrado con la complacencia y abierta permisividad de representantes del Estado en la región. En otros momentos la muerte toma el ropaje de los ajusticiamientos selectivos cometidos por las guerrilla, como medida de seguridad en las áreas donde ellos pretenden ejercer su control.
¿por qué en este periodo de la historia, el Chocó en general y la cuenca del río Atrato en particular, viene padeciendo esta agudización y degradación del conflicto en donde la mayor parte de las víctimas ha sido la población civil?
Es la pregunta que se hacen las comunidades y quienes las acompañamos, pero hasta el presente no acabamos de entender la lógica de los armados, pues justamente como no somos armados pensamos en proteger la vida y seguir trabajando para que la muerte producida por la marginación social desaparezca.
E aras de contribuir en algo a la respuesta al mencionado interrogante, trataré de hacer una aproximación al comportamiento del conflicto en la región.
¿Vamos hacia la privatización del conflicto?
A raíz de los hechos de Bellavista – Bojayá, algunos analistas y miembros de instituciones públicas han presentado la imagen de un conflicto que se ha privatizado. Esto es, que se trata de una contienda entre grupos armados de particulares que se han salido del control del Estado.
De esta manera se pretende sustraer al Estado de la responsabilidad que le compete en este conflicto y, por otra arte, desnaturalizar la confrontación en cuanto a rebelión armada del movimiento insurgente que le ha declarado la guerra al Estado porque no le reconoce legitimidad.
Comúnmente los medios masivos de información hace eco de las ideas de privatización del conflicto en el Chocó, al decir que es una lucha de grupos particulares o privados disputándose este territorio para “traficar drogas y armamento”, mostrando a la institucionalidad del Estado como víctima e incapaz para asumir el control en estas regiones como lo demostró la demora de la fuerza pública para llegar a Bellavista y a Vigía del Fuerte antes y durante la confrontación sostenida entre paramilitares y guerrilleros de los primeros días de mayo del 2002.
No podemos aceptar esta interpretación, pues lo hechos han demostrado que el Estado no ha sido víctima ni espectador de una pelea entre estos grupos armados, sino que la institucionalidad oficial ha formado parte de esta contienda. Prueba de ello es que desde el Bajo Atrato hasta el Alto Atrato, la presencia de paramilitares se da con el apoyo de los diversos estamentos de la fuerza pública, ya sea policía, el ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.
Pero no solamente el Estado ha participado en este conflicto a través de la fuerza pública, también con otras instituciones del ejecutivo que dictan normas para restringir el abastecimiento de alimentos para las comunidades nativas, como los decretos de la pasada administración municipal del Riosucio; o cuando otros servidores públicos castigan a los pobladores con la estigmatización y la consecuente inoperatividad para la atención social ya sea en el campo de la salud, de la educación, de la asistencia técnica agropecuaria e incluso la negligencia para prestar la ayuda humanitaria cuando se presentan los picos altos de las emergencias fruto de la confrontación bélica.
Hasta los mismos órganos de control del Estado han participado en el conflicto, cuando no se han aplicado las normas para prevenir y castigar las acciones antes señaladas, o cuando han legitimado violaciones de los derechos humanos con su presencia en los operativos militares, como si su figura fuera la garantía del cumplimiento del derecho.
¿Es revolucionario ganar la guerra a cualquier precio?
Frente a la incursión paramilitar de Riosucio del 20 de diciembre de 1996, la guerrilla de las Farc – EP reaccionó contra estos el 10 de enero de 1997 en ese mismo lugar, pero no los pudo erradicar pues el 24 de febrero de ese mismo año se puso en marcha la Operación Génesis desarrollada por la XVII Brigada, consolidando así el proyecto paramilitar, a partir de lo cual se produjeron los desplazamientos masivos de las comunidades asentadas en los afluentes del Bajo Atrato y el inicio de la muerte sistemática a los pobladores de la región, hasta crear bases en Vigía del Fuerte y Bellavista en mayo de 1997 en abierta connivencia con la fuerza pública.
Estos hechos que produjeron el desplazamiento masivo de las comunidades afrodescendientes del Bajo Atrato, y de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó hacia Turbo, Pavarandó y Quibdó. De igual manera en las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá.
Desde esta fecha se dio por sentado que la guerrilla había sido expulsada de la región del Bajo Atrato, no obstante lo que se puede constatar es que la subversión entra a diseñar una estrategia de confrontación directa a la fuerza pública y a los paramilitares, la cual empezó a desarrollarse desde 1999 como lo ejemplifica la siguiente crónica:
- Diciembre de 1999: Las Farc-EP se toman el municipio de Juradó, destruyen la base de la infantería de Marina y el puesto de policía. Mueren uniformados, toman prisioneros a otros y desde aquel por espacio de cuatro años no hubo presencia de la Fuerza Publica en este municipio.
- Marzo de 2000: Las Farc – EP se toman los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, destruyen ambos puestos de policía, resulta destruida la capilla de Vigía que se encontraba junto al comando de policía, muere policías y paramilitares, así como el alcalde de Vigía del Fuerte y toman prisioneros a los uniformados sobrevivientes.
Desde esa fecha hasta el 7 de mayo de 2002 no hubo presencia de la fuerza pública en estas dos cabeceras municipales.
- Agosto de 2000: Las Farc-EP se toman el municipio de El Carmen de Atrato, dinamitan el puesto de policía y al intentar aniquilar a los policías, que se refugiaron en la casa cural y el templo parroquial, destruyeron la primera e impactaron al segundo. Mueren algunos uniformados y otros sobrevivieron sin ser tomados prisioneros. En este lugar el ejército y la policía retomaron el control y ha continuado allí su presencia.
- Octubre de 2000: En operación conjunta de las Farc-EP y el ELN la guerrilla se tomó el municipio de Bagadó, destruyó el puesto de policía y otra edificación pública. Resultaron varios policías muertos y otros sobrevivieron sin caer prisioneros. Desde aquel entonces durante un espacio de un año no hubo presencia permanente de la fuerza pública en la localidad.
- 2001 y 2002: En estos dos años el ELN ha hecho varios hostigamientos al puesto de policía de Lloró.
La penetración de los destacamentos de paramilitares de las AUC, el 21 de abril del 2002, a Vigía y Bellavista, saliendo desde Turbo y pasando por los controles militares y de policía ubicados en Riosucio, fue un desafío abierto a esta estrategia de la guerrilla de las Farc-EP que transitaba en un territorio de 5 municipios (Carmen de Darién, Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá y Medio Atrato) donde no había presencia de la fuerza pública.
Dentro de esa lógica de la estrategia subversiva de expulsión de la fuerza pública y el copamiento de los espacios territoriales y políticos cedidos por el Estado, se ubica la reacción de las Farc-EP de acorralamiento del mencionado destacamento paramilitar autodenominado “Bloque Elmer Cárdenas”.
En el afán de hacer respetar “su casa”, las Farc-EP desplegaron un ataque a los paramilitares sin medir ninguna consecuencia negativa hacia la población civil, con los lamentables resultados ya mencionados.
Si la estrategia de guerra de la subversión es contra el establecimiento y a favor del pueblo, ¿cómo es posible que en medio de la confrontación militar no primara el bien de este pueblo que, mientras se refugiaba, había sido tomado como escudo de los paramilitares?
¿Estrategia antisubversiva o penetración del capital?
Desde diciembre del 2001 los paramilitares de las AUC se propusieron retomar el control de todo el Atrato, para lo cual lanzaron la operación denominada “Tormenta del Atrato”, dentro de esta los hechos de Vigía y Bellavista ha sido considerados como “una pelea más”, en donde, según sus voceros, “no hubo combate en los cascos urbanos”[3], afirmación que desmienten todos los testimonios y evidencias recogidas.
La justificación que siempre han presentado los paramilitares de las AUC, para su existencia y accionar es que su propósito es “atacar a la subversión y restablecer el orden del país”, declarándose fuerza independiente del Estado, como lo quieren hacer ver en la actual conversación en Santafé de Ralito.
Los hechos que han sucedido en la región del Alto, Medio y Bajo Atrato, desde la incursión de los paramilitares ponen de manifiesto que no han tomado la iniciativa para combatir directamente a la guerrilla, sino que su objetivo militar ha sido fundamentalmente la población nativa, a la cual sindican de ser “guerrilleros vestidos de civil”, táctica que han ido variando en el 2004.
Dentro de esta supuesta estrategia antisubversiva los paramilitares han generado una desestabilización de la región, pues sus acciones han estado orientadas a producir el desplazamiento mediante el asesinato selectivo, las masacres, las torturas y el bloqueo económico llegando a taponar la vía principal de comunicación e interacción económica en la región, que es el río Atrato.
Una ubicación de esta presión hacia la población refleja que esos lugares coinciden con espacios previstos para la puesta en marcha de proyectos agroindustriales. Ejemplo de esto es el monocultivo de la palma africana en la zona limítrofe entre el Bajo y el Medio Atrato, en el municipio de El Carmen del Darién, sobre las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó. En otros lugares se pretende monopolizar la explotación de los recursos naturales tales como la madera y la minería o impulsar los cultivos de uso ilícito.
¿Fuera del uso de la violencia es posible otra palabra?
En el desarrollo de este conflicto las fuerzas militares y paramilitares están convencidas de que pueden aniquilar a la guerrilla[4], por su parte la guerrilla proyecta un escalonamiento del conflicto para acceder al poder[5]. Ante esto se ha incrementado en sectores de la sociedad colombiana un ambiente proclive a favorecer la profundización de la guerra con la esperanza de encontrar una solución definitiva a este prologando desangre.
Ante la agudización y degradación del conflicto que se palpa en hechos como los de Bellavista, Jiguamiandó, la carretera Quibdó – Carmen de Atrato, Opogadó, Munguido, Río Quito y tantos otros sitios no se puede permitir que sean las ideas guerreristas las que primen, otorgándole la exclusividad a los armados para que definan mediante los fusiles el futuro de la región del Atrato y del país en general.
La población no armada tiene una palabra hablada, escrita y practicada para pronunciar. Los pueblos indígenas, las comunidades negras y los campesinos del Atrato no son unos espectadores de la guerra, no, son víctimas de esta y por consiguiente toman posición en la misma.
Esta posición la han ido construyendo en sus procesos de resistencia, donde se oponen a la impunidad del Estado en su omisión, permisividad y actuación de manera directa o a través de particulares contra las comunidades, se declaran en ejercicio de autonomía como pueblos para que la estrategia subversiva respete sus legítimos derechos a decidir sobre el presente y el futuro de su territorio.
Sin embargo, la comunidad urbana de Quibdó no se ha hecho sentir, a pesar de tener la guerra también allí. La ciudad no puede seguir siendo impunemente tomada por los paramilitares, controlando la economía e imponiendo el derramamiento de sangre de los jóvenes y campesinos venidos del Atrato, con la complacencia de los organismos de seguridad del Estado.
La relación campo – poblado, que se ha argumentado tantas veces para reivindicar la pertenencia a un territorio ancestral y común, debe emerger hoy como una alianza solidaria para continuar elaborando propuestas de resistencia y autonomía, de lo contrario el presente y el futuro será definido por otros como se está imponiendo, a costa de una prolongada pérdida de vidas humanas.
Dentro de un Estado de derecho como el que dice ser Colombia, debe prevalecer la voluntad de los ciudadanos y el cumplimiento de las normas de protección de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, por eso ante hechos como los de Bellavista no puede echarse a la basura la normatividad internacional sobre los conflictos internos, de allí que el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fue claro al responsabilizar a las Farc EP y a los paramilitares de las AUC por haber cometido un crimen de guerra y en responsabilizar al Estado por no haber sido oportuno en la prevención de este crimen y no actuar debidamente para proteger y garantizar los derechos de los pobladores del Atrato (Naciones Unidas, 2002).
La encrucijada: Encarcelados y desplazados en sus territorios.
La historia reciente de los pueblos indígenas del departamento del Chocó se caracteriza por ser un proceso de reafirmación de su dignidad. Durante muchos años, centenares, padecieron el atropello directo, la negación y la marginación.
El caminar del actual proceso organizativo, ha tenido como eje articulador la defensa de sus derechos fundamentales, de manera particular a ser respetados como personas individuales y como pueblos. Dentro de lo cual sobresale el derecho al territorio, ya que en 1979, cuando nace la Orewa no se tenían resguardos constituidos, hoy se cuenta con 112 títulos de resguardos, con 39 solicitudes de ampliación y 1 trámites de creación de nuevos resguardos, con lo cual se tendrán cubiertas la totalidad de las 252 comunidades indígenas del Chocó.
Todo esto ha significado una dedicación ejemplar y una férrea voluntad para que sea legalizada la posesión de sus territorios ancestrales, dentro de lo cual se ha avanzado en procesos de concertación con las comunidades negras, como ejemplo de mecanismos concretos de convivencia y resolución pacífica de conflictos; o se ha tenido que confrontar al Estado para que detenga obras que afectan negativamente los territorios tradicionales.
Justo cuando se está en el momento de consolidar las propuestas de proyección de vida en estos territorios, con la elaboración del Plan de Vida denominado “lo que queremos y pensamos hacer en nuestro territorio”, el conflicto social y armado se profundiza y agudiza, a tal punto que ha puesto en la encrucijada a estas poblaciones que venían avanzando en su afirmación como pueblos.
Efectos del conflicto
El efecto fundamental del conflicto armado en los pueblos indígenas, es que sus territorios están invadidos por unos ejércitos de ocupación. Dos fuerzas claramente definidas quieren que estas poblaciones estén a su servicio y disposición, de una parte, se encuentran las Fuerzas Estatales con su proyecto paramilitar y, por otra parte, las fuerzas guerrilleras en sus diversas vertientes (Farc-ep, ELN, ERG).
Esta invasión u ocupación territorial ha traído diferentes efectos hacia estos pueblos.
El encerramiento forzado
Si bien, la presión hacia la población civil ha generado, la más de las veces, un pánico que la ha hecho desplazarse, también es cierto que en el caso de los Pueblos indígenas, estos han resuelto, continuar su antigua estrategia de internarse más y más en las zonas selváticas:
“Hoy por hoy, nuestros hermanos indígenas que pertenecen al municipio del Carmen del Darién y algunas comunidades de Chintadó están huyendo hacia las cabeceras de los ríos de Domingodó y Chintadó por temor”[6].
Esta situación está llevando a que sufran las inclemencias de los lugares aún no humanizados, o como se dice en una tradición mítica emberá, “vivir en la parte de arriba de los ríos es estar en el mundo de las cimarronas”, es decir de aquellos seres que no han llegado al estado de la humanidad, sino que se comportan en el ámbito de la animalidad. De esta manera, se está expuesto a ser afectados por elementos de la selva aún no controlados. Las plagas, la desprotección ante el medio húmedo tropical y la presencia de energías o fuerzas espirituales sobre las que no han trabajado los jaibanás.
Vivir bajo otra ley
Ambas fuerzas de ocupación, a pesar de ser contrarias entre sí, tienen una coincidencia de cara a las comunidades indígenas, pues pretenden imponer una normatividad emanada de sus posicionamientos políticos, ideológicos y económicos.
De tal manera que como suelen decirlo “nosotros somos la ley”; las fuerzas del Estado con su proyecto paramilitar reclaman ser los garantes de la ley oficial; las guerrillas pretenden imponer la ley o la “justicia revolucionaria”. Los unos y los otros exigen el respeto a ellos como autoridad, negando la existencia de las autoridades de los pueblos indígenas, con lo cual juzgan que es obligatorio solicitar siempre permiso para actuar en una o en otra dirección: permiso para movilizarse, permiso para trabajar, permiso para todo. Un ejemplo reciente es la presión de los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas en el río Opogadó, donde no permiten que las comunidades retornadas puedan movilizarse libremente para ejercer sus labores tradicionales de caza y recolección.
No son pocos los casos en donde las comunidades se han visto abocadas a plegarse a estas leyes de los otros, poniendo entre paréntesis su propia normatividad o derecho indígena, debilitando así sus estructuras internas de gobernabilidad.
Todas estas circunstancias descritas preocupan enormemente a los pueblos indígenas del Chocó, ya que sus autoridades se encuentran coartadas para ejercer el control social en su ámbito jurisdiccional y en general el pensamiento de Autonomía de los pueblos son a diario sometidos e irrespetados por los sectores armados al margen de la ley, pero también en ocasiones por Fuerzas Regulares del Estado como el Ejército (Orewa, 2002).
Desestabilización de la economía local
Las fuerzas de ocupación, miran y utilizan los recursos de los pueblos indígenas en clave de economía de guerra, esto significa que el entorno debe facilitar la logística necesaria para continuar o avanzar en la confrontación, o en el sostenimiento de objetivos militares alcanzados.
Por este motivo todos los recursos de las comunidades son mirados por estas fuerzas, como si fueran bienes de ellos. Es común ver que se apropian de medios de transporte, de animales domésticos, de productos agrícolas, de lugares de habitación y de todo lo que necesiten para sostener la guerra.
El Estado justifica imponiendo la adhesión a la lucha antisubversiva, para lo cual legisla bajo la figura de “Conmoción Interior”, y la subversión lo hace para contribuir a la lucha revolucionaria. Con esto la economía local está siendo totalmente desestabilizada, pues se quiebra la seguridad alimentaria y con ello se profundiza la dependencia de estas poblaciones; al tiempo que se cierran los circuitos de producción e intercambio.
Colonización del pensamiento
Todas las acciones de guerra tienen como objeto que segmentos de la población se definan a favor o en contra de las fuerzas en contienda, para ello buscan que el pensamiento de quienes viven en los territorios ocupados se identifique con las motivaciones de su invasión.
De esta manera, las fuerzas estatales y paraestatales, pretenden que los pueblos indígenas y de igual manera los afrodescendientes se vinculen a la red de informantes, pues la doctrina del “Estado Comunitario” incluye que la seguridad sea “democrática”, lo que implica la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la inteligencia militar. Esto se ha convertido en la causa directa de los últimos ajusticiamientos que ha cometido la guerrilla a miembros de las comunidades campesinas, y en muchos momentos la presión al desplazamiento gota a gota.
A su vez, las fuerzas guerrilleras se afana por lograr que los invadidos adhieran a la ideología revolucionaria, lo cual significa simpatizar con su proyecto político y posteriormente tener militancia orgánica en los diferentes espacios de sus organización de masas.
Cada una de las Fuerzas de ocupación, al no lograr la adhesión de las comunidades a su ideario y a su práctica, utilizan la táctica de la descalificación y el señalamiento llegando así a graves consecuencias: “los indígenas permanecen en una zozobra diaria y soportando una constante presión y señalamiento a que son sometidos por los actores armados, tanto por os paramilitares como por la subversión, inclusive en ocasiones hasta por las mismas fuerzas armadas del Estado” (Orewa, 2002).
La eliminación física
La acción de estos ejércitos de ocupación llega a su máxima expresión con la tortura y la eliminación física de los pueblos indígenas. Lamentablemente la lista de los y las indígenas torturados y torturadas por las fuerzas oficiales y paraoficiales, la muerte y la desaparición causadas por éstas y por la subversión ha ido en aumento en los últimos 6 años.
En el 2003 fueron asesinados seis indígenas a manos del ejército nacional, de los batallones Alfonso Manosalva Flórez, San Mateo y Cacique Nutibara, haciéndolos aparecer como caídos en combate hechos desmentidos por las propias comunidades.
El escarmiento, el terror o simplemente la venganza se han convertido muchas veces en los móviles de las ejecuciones a dirigentes y a autoridades indígenas o a miembros de las comunidades. En oportunidades estas muertes han coincidido en personas que ejercían doble autoridad, política y espiritual, puesto que eran jaibanás, como en el caso de Armando Achito, asesinado por las Farc-EP[7] produciéndose así un ataque colectivo de manera directa, pues se está atacando a las figuras centrales del proceso de humanización de los pueblos indígenas. Hoy, son los paramilitares quienes tienen amenazados a los jaibanás en la zona de Boyacá, pues consideran que están empleando sus poderes espirituales contra ellos, bien sea para que sus acciones bélicas contra la guerrilla sean fallidas, o para que les caigan enfermedades incurables.
Desafíos y amenazas actuales
Estos efectos del conflicto sobre las comunidades comportan unos desafíos para los pueblos indígenas, que son compartidos con las comunidades negras o afrodescendientes. A manera de síntesis pueden identificarse los siguientes:
La penetración de los monocultivos
Los territorios indígenas están siendo expuestos a la penetración de los monocultivos tanto legales como los de uso ilícito. En la región limítrofe entre el Medio y Bajo Atrato, se encuentra en avance el cultivo de la Palma Aceitera, o comúnmente conocida como Palma Africana, agrediendo a los vecinos afrodescendientes y asomándose a los resguardos indígenas, lo cual está trayendo un desalojo de territorios, puesto que la ampliación de dicha frontera productiva está acompañada de la intervención armada, mediante la utilización de grupos paramilitares, quienes actúan en connivencia con la fuerza pública[8].
El impacto actualmente lo sufren las comunidades campesinas de Curvaradó, quienes para salvar su vida debieron desplazarse y dejar su territorio, hoy son “buscados y traídos desde los más diversos lugares para que de manera obligatoria vendan sus territorios”. De esta manera se vive una real esclavitud donde:
Los intermediarios pagan 200.000 pesos por cada hectárea, que debe ser entregada además limpia de toda maleza y sin ningún cultivo. Una vez perdido su derecho a la tierra (“o vende usted o negociamos con su viuda”), la gran mayoría no tienen otra alternativa distinta a la de permanecer allí ofreciendo su mano de obra como peones en las fincas. Allí se pagan 30 pesos por cada palma abonada y 120 pesos por cada metro de canal que se roce (Diócesis de Quibdó).
En este contexto se entiende la creciente incursión paramilitar en el río Opogadó, en el municipio de Bojayá, con pleno apoyo de la Infantería de Marina[9] lo cual ha producido el desplazamiento de las tres comunidades embera ubicadas en dicha cuenca, con los efectos inmediatos en los ríos Napipí y Cuia, donde sendas comunidades indígenas también debieron desplazarse. Hoy, a pesar de su retorno, se encuentran en una gran encrucijada estos cinco asentamientos indígenas, porque la usurpación de sus territorios continúa y el latente enfrentamiento de los paramilitares con la guerrilla de las Farc, en medio de los lugares de vivienda, hace que el temor y la incertidumbre se haya apoderado del conjunto de la población.
En entrevista pública al periódico El Colombiano, el jefe paramilitar de este grupo o “Bloque Elmer Cárdenas”, ha dicho que su objeto en este río no es sacar a los indígenas, sino que se integren a los proyectos económicos que vienen en camino. En otras palabras que la expansión de estos monocultivos no sólo comporta invasión territorial sino además tener mano de obra local, que pasaría a ser “forastera en su propia tierra”, como ya está aconteciendo en la cuenca de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, según se reseño antes.
Por otra parte, y como si fuera un viento que envuelve al departamento, se perfila el crecimiento del monocultivo de la coca desde los cuatro puntos cardinales, desde los extremos hacia el centro de esta unidad territorial, que si bien aún no ha permeado estructuralmente a los territorios indígenas, si existe la presión de los grupos armados y de gente no armada para que estas comunidades se integren a dicha actividad lo cual en los pocos casos donde ya ha acontecido, ha puesto en alto riesgo a las familias que se han visto obligadas a aceptar tal presión.
El aumento de la extracción de los recursos naturales
Este inveterado modelo de economía extractiva, desde el comienzo de la colonia española hasta nuestros días, sigue su marcha. De manera particular la explotación del recurso maderero, que ve a los resguardos indígenas como las reservas que se constituyen en el blanco de su intervención.
La lucha por la defensa del territorio, ha detenido este avance, no obstante, el conflicto armado está contribuyendo a que se profundice estas extracción, pues dado que se presenta un bloqueo económico, que inhabilita la escasa red de comercialización de los productos agrícolas y artesanales, la tumba del bosque primario se constituye en la fuente, casi única en muchas zonas, de acceder al circulante, que llega por intermediarios que a su vez deben pagar los denominados impuestos o vacunas que exigen los armados para permitir la compra venta de la madera, con lo cual hay una doble explotación: de una parte la directa del recurso natural y, de otra parte, la del trabajador o “sierrista”, que ve disminuido el valor de su trabajo, pues son ellos en últimas los que asumen el pago de tales tributos forzosos.
A su turno se encuentra los minerales expuestos a la extracción, que como en el caso de la madera, se une la intervención armada, como ocurre en la zona del Alto y Medio San Juan, donde un ejército de paramilitares controla y protege el desarrollo de la operación de la maquinaria que convierte la tierra en una nueva cordillera, ahora conformada por montículos de piedra y lodo, dejando a los nativos sin la posibilidad del uso sustentable de este recurso, mediante su intervención artesanal.
Usurpación de la autonomía
La construcción de espacios e instituciones propias que ponen de manifiesto el ejercicio del derecho de autodeterminación ha sido el eje de resistencia cultural y política de los pueblos indígenas y de las comunidades negras del Medio Atrato, dentro del cual el control social interno es uno de los propósitos, a través de la aplicación del derecho propio, reconocido por la Constitución Nacional como jurisdicción especial indígena.
En el Chocó, estos pueblos confederados en la Organización Orewa, han sistematizado parte del derecho consuetudinario y han elaborado el “reglamento regional de justicia indígena”, en su aplicación se encuentra con los tropiezos que impone el conflicto armado, pues todos ellos, legales e ilegales, intentan imponer sus normas, sus objetivos por la fuerza de las armas, confrontando a las autoridades propias, llegando en muchos casos concretos a suplantar sus decisiones.
Pero esta usurpación de la autonomía no sólo la hacen los actores armados, también algunas instituciones civiles del Estado pretender pasar por alto las normas que estos pueblos han definido en materia de uso del territorio y los recursos naturales.
El etnocidio
Las manifestaciones del conflicto armado en la región hacía los pueblos indígenas y afrodescendientes, se puede catalogar como un etnocidio, dado que la presión que se está ejerciendo contra estas sociedades comporta una serie de atropellos que atentan de forma directa la dinámica social, cultural, política y económica propias, de tal manera que además de la destrucción física, puede observarse que las violaciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos intentan hacer desparecer la subjetividad colectiva de estas etnias.
Cuando la fuerza pública y los paramilitares restringen la circulación de alimentos, la libre movilización para las áreas de uso productivo, de cacería y de recolección. Así como cuando la guerrilla siembra minas antipersonales imposibilita que la vida de estas comunidades indígenas se desarrolle de manera normal, obligando a que se modifiquen sus usos y costumbres.
La manipulación de los procesos organizativos
El posicionamiento del movimiento indígena regional frente a los megaproyectos inconsultos, como el de la carretera panamericana Ramal Animas – Nuquí; el control a los procesos de investigación sobre la mega-diversidad y el conocimiento tradicional; el no permitir la manipulación de la conciencia política de las comunidades en tiempo de campañas electorales para establecer relaciones de dignidad con los politiqueros locales y regionales; la oposición a que las instituciones del Estado siguieran operando sobre las comunidades indígenas desconociendo su derecho de participar en la toma de decisiones sobre lo que les afecta, la denuncia continua de la violación de sus derechos; el avance en la definición de políticas e instituciones propias en el área de educación y de salud, han hecho que sectores de la política regional, apoyados en algunos sectores económicos, se estén atreviendo a tratar de incidir en las decisiones internas de la Orewa para sacar provecho de las tensiones endógenas propias de todo proceso organizativo.
No cabe duda que en el contexto de guerra que sufre el país y de manera particular la región del Chocó, los actores armados también intentan debilitar los procesos étnico-territoriales, ya sea mediante la presión directa y sutil para que miembros de las comunidades se vinculen a sus filas, o mediante el ofrecimiento de dinero para que se sumen a los planes y propósitos, o con la puesta en marcha de proyectos económicos y sociales que intenta confrontar y acabar con las alternativas que a este nivel han construido las comunidades indígenas y también afrodescendientes.
Este es el desafío que deben afrontar de manera urgente los pueblos indígena, pues de lo contrario todos los logros obtenidos a lo largo de su prolongada resistencia, y de manera específica en estos veinticinco años del proceso de la Orewa pueden irse al suelo. Por este motivo las comunidades con sus autoridades propias y su dirigencia, no pueden permitir que estos actores externos dividan y destruyan su proceso de autonomía. Dentro de las cosas concretas que debería hacerse es revisar las falencias actuales, la identificación de errores y la definición de propósitos comunes para superarlos.
Desplazamientos, retornos…desplazamientos, retornos
El contexto que se ha presentado conlleva a que la región del Atrato, se haya convertido en un lugar de permanente inestabilidad de sus moradores, pues la presión del conflicto armado hace que la movilidad sea la nota característica de los últimos tiempos.
Las oleadas de desplazamiento están acompañadas de procesos de retorno, que al no tener respuesta satisfactoria por parte del Estado y por las nuevas acciones de violencia se convierte en una nueva ola de desplazamiento yendo hacia un punto impredecible de recuperación de estabilidad.
Una de las zonas que evidencia esta inestabilidad es la correspondiente a los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde más de 800 personas, en su mayoría mujeres y niños, decidieron resistir, no salir de su territorio, pero han tenido que someterse a un continuo refugio interno, retorno a sus parcelas y nuevamente refugiarse, por las frecuentes arremetidas de los paramilitares que son la punta de lanza de la implementación de la palma aceitera.
Así mismo los pueblos indígenas de Bojayá, de la carretera Quibdó – Carmen de Atrato, se han visto presionados a este ciclo dentro de su territorio. Lo más reciente ha sido el desplazamiento y retorno de cinco comunidades de los ríos Opogadó, Dubadó, Napipí y Cuia, a pesar del despliegue militar en las cabeceras municipales de Bellavista, Murindó y Vigía del Fuerte, luego del crimen de guerra del 2 de mayo del 2002, pues la circulación del barco de la Armada, sus embarcaciones conocidas como pirañas sólo se está efectuando sobre el río Atrato, restringiendo la circulación de la población civil y favoreciendo la libre movilización de los paramilitares, tal cual como lo denunciaron la Diócesis de Quibdó y las organizaciones Orewa y Cocomacia, en carta dirigida al presidente de la república, durante el desplazamiento de estas comunidades indígenas:
Un tema especialmente espinoso ha sido desde hace años la inocultable tolerancia, connivencia y complicidad de miembros de la fuerza pública con el actuar de los paramilitares. Numerosas comisiones de observación y verificación han podido constatar este hecho, muchos pronunciamientos e informes se refieren a este problema y exigen investigaciones serias, correcciones y sanciones a los responsables (Diócesis de Quibdó).
De esta manera el desplazamiento del 2004 en el municipio de Bojayá, ha sido provocado por los paramilitares que penetraron los ríos Opogadó y Napipí, en circulación norte-sur, y la Armada Nacional les presta el servicio de escolta al cuidar las bocas de estos ríos, les facilita la entrada de la logística y descalifica las denuncias de las comunidades, mientras tanto cometen atropellos contra la población civil y generan enfrentamientos con la guerrilla en los lugares de vivienda de los nativos.
El informe de la Procuraduría General de la Nación, con motivo del segundo aniversario de los luctuosos hechos del 2 de mayo de 2002 en Bellavista, fue enfático al hacer tales constataciones:
En el tema de seguridad, sólo la cabecera municipal ha mejorado. Pese a que la nave nodriza de la Armada Nacional y cuatro pirañas patrullan el río Atrato y a que las alertas tempranas se produjeron oportunamente, tal como pudimos constatar, se han producido los siguientes desplazamientos en los municipios de Bojayá, por enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares: en octubre de 2003 se desplazó hacia Bocas de Napipí la comunidad negra de Carrillo, que aún continúa ahí. El 28 de febrero se desplazaron 32 hogares indígenas, de 159 personas, de Playita a Egoróquera en la misma cuenca del río Opogadó.
El 20 de marzo comenzaron a desplazarse 159 personas correspondientes a 32 hogares, de Playita; 88 personas de 19 hogares, de Egoróquera; 305 personas pertenecientes a 67 familias, de Unión Baquiasa. Durante este desplazamiento nacieron dos bebés. El 26 de marzo se desplazaron 177 indígenas de Playitas, 305 de Unión Baquiasa y 88 de Egoróquera a Opogadó.
El 29 de marzo se desplazaron 280 indígenas de Unión Cuití y 380 de Hoja Blanca al corregimiento de La Loma de Bojayá. La comunidad de Truandó (aproximadamente 180 personas entre indígenas, negros y antioqueños) y varias comunidades más del Bajo Atrato, se desplazaron hacia la comunidad indígena de Quebrada Chicué. Este es un desplazamiento continuado que comenzó hace aproximadamente dos años: primero estuvieron en Playitas, luego en Carrillo y ahora en Quebrada Chicué, en el río Cuia.
En el Consejo de seguridad celebrado el 15 de abril del presente año, a nivel departamental, en la sede de la gobernación del Chocó, se ratificó que se habían dado las alertas tempranas sobre el peligro de desplazamiento inminente de las comunidades que efectivamente se desplazaron y se advirtió así mismo que esas comunidades estaban bloqueadas y sin alimentos, porque los actores armados ilegales les restringen el paso de los mismos y les exigen el pago de peajes (Procuraduría General de la Nación, 2004).
Luego de 4 meses de penoso desplazamiento han retornado, pero hoy estas comunidades indígenas se encuentran en un estado de inseguridad mayor a cuando se desplazaron, pues los enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y los paramilitares del BEC dentro de sus territorios continúan. El hambre los está acosando, pues por una parte en dos meses sólo han recibido una entrega alimentaria por parte de la RSS y por otra parte los paramilitares les están destruyendo las parcelas de plátano.
El incumplimiento del Estado en materia de educación, salud, restablecimiento socioeconómico, reconstrucción de viviendas es nulo, sólo están siendo apoyados por algunas acciones de la cooperación internacional y de la iglesia.
Este dato es un ejemplo de una cadena de incumplimientos y de inconformidad por parte de las víctimas de desplazamiento forzado. Pero el caso más paradigmático está en la sonada reubicación de Bellavista, luego de la masacre el desplazamiento y el retorno de un sector de esta población. Es conveniente recordar sendos pronunciamientos del gobierno de Pastrana y el de Uribe Vélez:
(…) Vamos a trabajar muy rápidamente en lo que corresponda al tema de la salud, al tema de la educación, lo que corresponde especialmente al tema de las viviendas de los sectores que se vieron afectados por esta toma. Creo que podemos muy rápidamente actuar aquí y de la mano de las comunidades (…) (Declaraciones del Presidente Andrés Pastrana en Vigía del Fuerte el 9 de mayo de 2002, en RCN radio).
Para diciembre del 2002 el nuevo gobierno diría lo siguiente: “(…) por ejemplo en Bojayá logramos movilizar todos los dineros para poderla reconstruir, porque no se había empezado (…)” (Entrevista a Francisco Santos, Vicepresidente de la República en el programa Hora 21 de Caracol radio, el 3 de diciembre del 2002).
Pero para mayo del 2004 el informe de la Procuraduría constatará el estado incipiente de estas obras:
Los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con las víctimas de la tragedia de Bojayá son: 1. Atención a los desplazados como consecuencia de la tragedia; 2. Atención en salud, educación y apoyo psicosocial, a todos los habitantes del municipio. 3. Reubicación de Bellavista, cabecera del municipio de Bojayá, y 4. Prestación efectiva de seguridad para evitar la ocurrencia de nuevas tragedias.
En cuanto a la atención a la población desplazada: todos recibieron la ayuda humanitaria de ley. A los que participaron en los retornos a Bojayá programados por la Red de Solidaridad, se les adjudicaron proyectos de seguridad alimentaria, que funcionaron parcialmente, porque no se adaptaban a las características de la región, y un proyecto de pesca artesanal que benefició a la mayoría de los retornados. Los que retornaron por su propia cuenta no han sido beneficiarios de estos proyectos y para los que permanecieron en Quibdó, a partir del mes de febrero del presente año se constituyeron mesas de trabajo para analizar la situación.
En lo que hace referencia a salud, de forma intermitente los habitantes de la cabecera municipal han contado con los servicios de un médico, pero éste no dispone de dotación para prestar de manera eficaz sus servicios; no hay médico en los corregimientos ni en el área rural, pese a que en los acuerdos del 6 de mayo, entre la comunidad y el Gobierno Nacional, éste se había comprometido a nombrar uno para la misma. Hay una bacterióloga, también en el caso urbano, pero no dispone de reactivos para realizar los análisis que se le solicitan. Se presta servicio de odontología en la cabecera municipal.
En materia de educación, para 600 alumnos indígenas se cuenta con sólo cuatro profesores; en inspección realizada el 14 de abril del presente año, servidores de esta entidad pudieron constatar que los maestros en la cabecera municipal no se habían hecho presentes durante tres semanas.
En cuanto a la reconstrucción, en visita practicada el 14 de abril del presente año al lugar donde se hará la misma, se pudo observar que se trabaja en el movimiento de tierras para el área donde se construirá la parte institucional de la nueva cabecera municipal, esto es, iglesia, casa cural, escuela, polideportivo, etc. A dos años de la tragedia, no se ha empezado a trabajar el terreno en donde se construirán las casas de los pobladores. Esta es la única obra que efectivamente se ha adelantado para una reconstrucción que, según ofreció el Gobierno Nacional, estaría lista antes del 7 de agosto del 2003. El 14 de abril, el responsable de la División de Ingenieros del Ejército con sede en Bojayá, informó a la Procuraduría que si no llovía, las obras terminarías a finales de mayo (Procuraduría General de la Nación, 2004).
Esta situación ha llevado a que sectores de población afrodescendiente y mestiza hayan optado por permanecer en la ciudad de Quibdó desde el año 1996, esforzándose en arrancarle una respuesta positiva al Estado, acudiendo a los mecanismos legales como el caso de más de 400 tutelas que se presentaron hace más de 2 años, que se ganaron y que no han tenido cabal cumplimiento. Estas circunstancias de incumplimiento y desatención han hecho, que al menos la propia Procuraduría abriera alguna investigación disciplinaria.
En el aspecto disciplinario, a los procesos reportados en nuestro informe de hace un año, que se adelantan contra servidores públicos civiles y militares y que siguen el curso señalado en la Ley 734 de 2002, se suman: apertura de investigación contra el Coordinador de la Unidad Territorial de la Red de Solidaridad Social en el Chocó (Expediente 088-08615 del 2004) por presunta irregularidad en la declaración de cesación en la condición de desplazados de las víctimas de Bojayá y la indagación preliminar (Expediente 088-8661-2004) por presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de servidores de la Policía Nacional que el 14 de abril atacaron a una comisión de organismos del Estado, debidamente identificada, en el río Atrato (Procuraduría General de la Nación, 2004).
Posición de los pueblos indígenas y comunidades negras
Frente a esta ocupación de sus territorios, los pueblos indígenas y las comunidades negras vienen insistiendo en el ejercicio del derecho de la autodeterminación, mediante la práctica de la autonomía.
La defensa de los derechos humanos, se hace entonces en clave de los derechos de los pueblos, lo cual implica que tanto el Estado con sus fuerzas paramilitares como la subversión entiendan que no están en territorios que les pertenecen. Que la confrontación armada la están haciendo en territorio de otros.
Los territorios indígenas tienen el carácter de espacio político con un ordenamiento jurídico propio; si bien están dentro del Estado colombiano no se rigen por el conjunto de la normatividad de éste; si bien la subversión pretende la revolución en el territorio colombiano, no puede soslayar que el mismo se compone de un conjunto de territorios autónomos, que desde la colonia europea han sido invadidos y se les ha querido negar.
Por lo tanto la definición de la guerra dentro de los territorios indígenas pasa por la decisión de los pueblos que los habitan, por lo menos se debe empezar por la discusión y la concertación sobre unos mínimos de humanización de la misma, para pasar a la aceptación de la autoridad allí presente.
En el ejercicio de su gobernabilidad, los pueblos indígenas saben que si bien es cierto que hay una invasión de sus territorios por ejércitos de ocupación cuyos efectos negativos en las comunidades en muchas ocasiones son muy similares, también es muy cierto que tales ejércitos están librando una guerra en donde está en juego la puesta en marcha de modelos de desarrollo diferentes.
Mientras que las fuerzas estatales con su proyecto paramilitar dicen atacar la subversión para proteger a la población civil, el objetivo central es controlarla para poder continuar expandiendo el modelo neoliberal, donde la penetración del capital internacional para la extracción de recursos naturales, o para apoderarse de todos los sectores de la economía nacional como las finanzas, el sector energético, las telecomunicaciones y demás.
De esta manera, la subversión ha ido constituyéndose en el obstáculo principal para la apertura económica y para la culminación de la privatización de los recursos y servicios públicos. Sin embargo, aunque aparentemente la subversión pueda ser formalmente un aliado para la defensa de los recursos de los territorios indígenas frente a la globalización, por otra parte constatan que sus prácticas van en contra de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. No se entiende como se proyecta una revolución cuando en el presente hay una negación de los derechos de quienes han sufrido el atropello físico y espiritual desde tiempos antiguos.
Frente a esta encrucijada, la salida es volver sobre el proyecto propio, es decir, sobre su pensamiento tradicional para encontrar fuerza en la defensa de sus derechos. Dentro de lo cual se ve necesario hacer alianzas con quienes se comparte la marginación, pero diferenciando la particularidad de los pueblos.
Esta triste y dura realidad convierte el futuro nuestro en un panorama oscuro, en el que a nuestro juicio, las esperanzas de vida de nuestros Pueblos cada día se desvanece ante la mirada indiferente del Estado y su Gobierno de turno. Por ello solicitamos a la gente amiga y solidaria del pueblo indígena y su lucha, y a las entidades de derechos humanos nacional e internacional, que nos ayuden a crear conciencia en el Gobierno Nacional, de la necesidad de garantizar la estabilidad, la vida e integridad física de nuestros pueblos (Orewa, 2002).
Referencias
Diócesis de Quibdó. Informe preliminar al participar de una comisión de verificación donde Incoder y el Ministerio del Interior incumplieron. Está publicado en la página web www.choco.org
Naciones Unidas (2002). Informe de la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sobre su misión de Observación en Medio Atrato. Bogotá, 20 de mayo.
Orewa (2002). Informe Especial sobre la situación orden público en los territorios indígenas del Chocó. Junio.
Procuraduría General de la Nación (2004). Informe mayo. Bogotá.
[1] Sacerdote, Diócesis de Quibdó.
[2] Como lo reafirman año tras año las frías estadísticas del Departamento Nacional de Planeación –DNP-, que ubica al Chocó como el departamento con mayor pobreza y más alto índice de insatisfacción de las necesidades básicas.
[3] Entrevista concedida por le Comandante del Bloque Elmer Cárdenas denominado “El Alemán” a la revista Cromos el 24 de mayo del 2002.
[4] En la misma entrevista el Alemán dice: “Tenemos fuerza para aniquilar al Bloque José María Córdoba…”
[5] En el periodo final de las negociaciones entre las Farc-EP y el gobierno de Pastrana, lo mismo que después de la ruptura de éstas, la guerrilla intensificó su accionar bélico.
[6] Comunicado de Camizba de junio de 2002.
[7] Según las investigaciones de la Justicia Indígena –Orewa-.
[8] Al respecto se puede hacer un seguimiento a través de las continuas denuncias que la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó ha estado haciendo.
[9] Da fe de esta connivencia la carta abierta al presidente de la República que le dirigieron las organizaciones étnico territoriales y la diócesis de Quibdó, en primer semestre del año en curso.